> “Ratificamos nuestra censura y reproche, contra aquellos que atentan contra la Madre Tierra y los recursos de la tierra. Sobre este tema se ha hablado mucho y algunos medios de comunicación confunden mucho a las personas que trabajan de manera ilegal con los auríferos que son formales y legales como son Ferreco, Fecoman y otras cooperativas. Vamos a hacer una alianza para luchar contra esa extracción ilegal”, dijo ayer el presidente Luis Arce.
La senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, expresó su preocupación por la delicada situación de habitantes en zonas invadidas por la minería ilegal. En entrevista con EL DIARIO, denunció que intereses político-económicos recurren al terror y la violencia para amedrentar a todo aquel que se opone a esta actividad ilícita.
La asambleísta representante del departamento paceño, sostuvo que más allá de la grave afectación a la naturaleza, también debe ser motivo de preocupación la realidad de las comunidades y habitantes de estas zonas, pues se afecta su forma de vida y expone su salud a causa de la contaminación generada por la minería.
“En realidad los pobladores están en contacto directo, y a veces, literalmente cuerpo a cuerpo con esta actividad ilegal. Es dramática la indefensión ante este abuso que además tiene consecuencias irreversibles en el caso de la contaminación de fuentes de agua, la destrucción de cursos de ríos y la afectación a vertientes que sirven para el consumo humano”, advirtió.
Otro aspecto que preocupa y llama la atención de la legisladora, son los métodos utilizados por los promotores de estas actividades, que han recurrido al terror y la violencia para amedrentar a los pobladores en caso de que se denuncie esta agresión a la naturaleza ante las autoridades e instancias competentes.
Apuntó que este es el mejor ejemplo del poder que ostenta la minería ilegal, el de manipular la justicia para que denunciantes aparezcan como denunciados.
“El terror y la violencia, la intimidación de la que son víctimas todos los pobladores, al punto que la gente que denuncia la minería ilegal, es la que, por causa del poder económico y político de estos actores, pueden darse el lujo de dar la vuelta los procesos en su contra”, afirmó.
Recordó que ella misma fue víctima de estos amedrentamientos en su trabajo de fiscalización como asambleísta nacional, cuando recibió amenazas contra su integridad y la de la comitiva que la acompañaba en la localidad de Chushuara, Apolo. Este hecho que fue denunciado en su momento y se convirtió en blanco de cuestionamientos a todo nivel.
Puntualizó que se pretende instalar un régimen del terror para frenar las denuncias mediante una intimidación a la gente e incluso autoridades.
INTERESES DETRÁS
Esta realidad lleva a la legisladora a plantear que los intereses detrás de la minería ilegal alcanzan niveles tan altos que impiden a autoridades del área el llevar adelante acciones que luchen y frenen la depredación de estas zonas. “Imagino que este poder de intimidación va más alto, lo que puede explicar la inacción y al mismo tiempo la generación de otras acciones que promueven este tipo de actividad minera, abierta y ampliamente ilegal”, explicó.
Esta semana, se informó sobre un enfrentamiento entre comunarios y mineros cooperativistas en el municipio de Apolo, este hecho derivó en el reporte de ocho heridos de los que varios fueron producto de arma de fuego.
La subgobernadora de la provincia Franz Tamayo, Genoveva Espinoza, detalló que el conflicto surgió entre las comunidades de Correo y Unión Pauje. Los heridos fueron trasladados al centro de salud de Apolo, y otros fueron atendidos en postas sanitarias de sus localidades.
Espinoza responsabilizó a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) por haber distribuido sectores para la explotación minera, sin criterios mínimos de protección al medio ambiente y respeto a las comunidades que habitan el lugar.
“Ha cuadriculado a diestra y siniestra a muchos sectores de nuestro municipio, de nuestras comunidades y ahora se ve trabajando a muchas empresas mineras en la clandestinidad y justamente se escudan en organizaciones sociales”, manifestó la autoridad, adelantando que bajo las actuales condiciones, pueden tener lugar nuevos enfrentamientos.
Requena insistió en que esta realidad que afecta a la naturaleza es evidente y verificable a simple vista por cualquier ciudadano con solo desplazarse por distintas localidades del norte paceño y en otras zonas del país. “Se está haciendo a vista de todo mundo, se pasa por la carretera y se ve, no hay quien haga nada y quien proteja a las personas que terminan agredidas”, lamentó.
Adelantó que se continuará con el trabajo de fiscalización e inspección de las zonas afectadas por la minería ilegal, además de acudir a todas las instancias llamadas a proteger el medio ambiente tanto en el ámbito nacional como internacional.
ACUERDO
Por otro lado, el presidente Luis Arce Catacora informó ayer que su Gobierno suscribió un acuerdo con la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco), para luchar contra la minería ilegal.
“Ratificamos nuestra censura y reproche, contra aquellos que atentan contra la madre tierra y los recursos de la tierra. Sobre este tema se ha hablado mucho y algunos medios de comunicación confunden mucho a las personas que trabajan de manera ilegal con los auríferos que son formales y legales como son Ferreco, Fecoman y otras cooperativas. Vamos a hacer una alianza para luchar contra esa extracción ilegal”, destacó Arce.
El presidente de la Ferreco, Eloy Sirpa, afirmó que su sector nunca estuvo en contra de la Ley del Oro y que el tema que más les preocupa es la minería ilegal y el avasallamiento en sus áreas de operación.
“Otro tema que nos preocupa es la minería ilegal y los avasallamientos que estamos afectados”, indicó Sirpa.
https://www.eldiario.net/portal/2022/06/05/mineria-ilegal-apela-al-terror-y-violencia-contra-pobladores/
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