El reglamento de este proceso establece que los resultados del proceso serán vinculantes para todas las comunidades. Critican la “manipulación” del Ejecutivo.
Pagina Siete.- La Ley 222 sobre la consulta en el TIPNIS será aplicada desde el 29 de julio
sólo a las comunidades que estén interesadas en ese proceso. Las que se inhiban
de participar, sin embargo, están conminadas a respetar las decisiones de los
que participen en el proceso.
Así lo establece el protocolo (reglamento) de la consulta que fue diseñada por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, lo que para la dirigencia indígena es una “mala interpretación” de las normas que protegen a los pueblos originarios y una “manipulación” del proceso.
Según la Metodología de la Consulta del Protocolo que se efectuará en el TIPNIS, el Estado tiene la obligación de promover la participación de las comunidades indígenas interesadas, a través de instancias de información y notificación previstas en el reglamento.
Sin embargo,
especifica que “las comunidades que se abstengan de participar en el proceso”
deben “respetar la participación de las comunidades que hayan decidido por el
proceso”.Así lo establece el protocolo (reglamento) de la consulta que fue diseñada por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, lo que para la dirigencia indígena es una “mala interpretación” de las normas que protegen a los pueblos originarios y una “manipulación” del proceso.
Según la Metodología de la Consulta del Protocolo que se efectuará en el TIPNIS, el Estado tiene la obligación de promover la participación de las comunidades indígenas interesadas, a través de instancias de información y notificación previstas en el reglamento.
Al final del proceso, “los acuerdos y consensos establecidos en el acta (de cada comunidad) serán de cumplimiento obligatorio para los pueblos indígenas interesados y el Estado Plurinacional”, señala.
Para Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del TIPNIS, la interpretación del Gobierno viola las normas de los derechos de los pueblos indígenas y a la propia Constitución.
“Los del Gobierno no saben mínimamente interpretar lo que dice la Ley 169. Ellos copian lo mismo pero pareciera que quienes están ahí (en el Gobierno) no son profesionales. Una cosa es que los pueblos indígenas tengamos el derecho a que se nos consulte sobre nuestro territorio, pero como parque nacional no se puede aplicar y no hay ninguna obligatoriedad. No se hace una consulta cuando un pueblo no está de acuerdo”, dijo.
Para el abogado y ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín esto es parte de “una cadena de manipulación” del Gobierno para obtener resultados determinados y burlar así los derechos de los pueblos indígenas.
“Todo está cohesionado en función de los resultados anteladamente previstos. El protocolo está redactado para tener un resultado anticipado. Es el Gobierno el que va a definir quiénes son esos pueblos interesados. A partir de eso, es que se acepta o no la participación de una determinada población”, manifestó.
Lamentó que esas “ambigüedades” tengan el objetivo de distorsionar la consulta, “pero para obtener un resultado concreto, buscado y querido por el Gobierno”.
Para el presidente de la Red de Participación y Justicia, Jaime Álvarez, la interpretación gubernamental “no corresponde” y advirtió que si se lleva a cabo la consulta, sin cumplir el fallo constitucional reciente, ésta será ilegal.
El Gobierno considera que existe consenso al respecto después de que firmó un acuerdo con 45 de los 63 corregidores del Isiboro Sécure.
“El Gobierno aún no ha concertado”
El presidente de la Red
Participación y Justicia, Jaime Álvarez, advirtió que las autoridades del
Gobierno aún no han aplicado el proceso de concertación con los pueblos
indígenas, como exige el fallo del Tribunal Constitucional del 18 de junio
pasado, sobre la Ley 222 y que de insistir en la consulta en el TIPNIS, cometerá
un acto inconstitucional.
“Ese fallo está obligando a que el Estado realice la consulta en el marco de alcanzar consensos. Si no se llevan adelante los consensos, la consulta va a ser inconstitucional. Estamos a tiempo de que el Órgano Ejecutivo analice este tema y busque los consensos correspondientes a fin de lograr que este proceso no termine siendo una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Señaló que el fallo constitucional es muy claro el fallo en relación de que debe buscarse un consenso con las autoridades legítimas con los pueblos indígenas, lo que no está ocurriendo.
Días atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el consenso se realizará durante el proceso de consulta en las comunidades afectadas por la construcción de una carretera que pase por el núcleo del TIPNIS.
Sin embargo, Álvarez dijo que eso no es lo que establece el fallo del Tribunal Constitucional, sino que el acuerdo debe ser antes de que se efectúe la consulta y deberá ser para definir las reglas del proceso.
“Ese fallo está obligando a que el Estado realice la consulta en el marco de alcanzar consensos. Si no se llevan adelante los consensos, la consulta va a ser inconstitucional. Estamos a tiempo de que el Órgano Ejecutivo analice este tema y busque los consensos correspondientes a fin de lograr que este proceso no termine siendo una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Señaló que el fallo constitucional es muy claro el fallo en relación de que debe buscarse un consenso con las autoridades legítimas con los pueblos indígenas, lo que no está ocurriendo.
Días atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el consenso se realizará durante el proceso de consulta en las comunidades afectadas por la construcción de una carretera que pase por el núcleo del TIPNIS.
Sin embargo, Álvarez dijo que eso no es lo que establece el fallo del Tribunal Constitucional, sino que el acuerdo debe ser antes de que se efectúe la consulta y deberá ser para definir las reglas del proceso.
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