JEA.- Luego de un amplio análisis y viendo todos los antecedentes podemos afirmar que la ley 222 que intenta ser impuesta por el gobierno de turno, es una ley
que obliga a los pueblos indígenas a someterse a una post consulta, que no
respeta a las instituciones de los pueblos indígenas, no respeta sus normas y
procedimientos mas por el contrario
viola sus derechos y pone en riesgo su futuro y su desaparición como pueblo
indígena originario, una Ley y Consulta con tiempo límite, sin suficiente
información y no precisamente de buena fe.
La Ley 222 de consulta tiene como finalidad: “definir si el territorio
Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS debe ser intangible o no,
para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas
Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera
Villa Tunari - San Ignacio de Moxos”. A nuestro entender lo que se está
preguntando en términos más sencillos es: ¿Quieren vivir en el TIPNIS con
carretera o No quieren vivir en el TIPNIS?
, una pregunta bien dirigida a lo que
busca el gobierno, no olvidemos también que el año pasado los hermanos
indígenas se quedaron varios días en la ciudad de La Paz trabajando de forma
conjunta al gobierno la reglamentación de la ley 180 aclarando sobre la
intangibilidad. Y ahora nuevamente quiere preguntarles ¿Quiere Carretera o No
quiere carretera?
Esta pregunta es incluso peor por
dos razones, primero que los marchistas y el pueblo Boliviano ya expresaron que
no están en contra de una carretera sino por donde se la quiere hacer, y en
segundo lugar se estaría obviando información de lo que realmente significa la
carretera Villa Tunari San Ignacio de Moxos para las personas que viven en esta
área protegida, a groso modo primero podemos decir que la carretera pasara por
el medio del TIPNIS y no llegara a mayoría de las comunidades que se encuentran
alrededor de esta región, es decir no les llegara el “desarrollo” comprendido
en educación, salud y otros que apuntan las propagandas del gobierno respecto a
las necesidades de los pueblos indígenas, otro tema que no se informa es el
impacto social y ambiental que implicara la construcción de dicha carretera,
traducido en cambio en la forma de vida de los pueblos indígenas, sus
costumbres y su cultura, es decir pérdida de identidad cultural que va en
contra de la constitución política del estado, peor aún viviendo en un Estado
Plurinacional que se supone debe respetar y salvaguardar la diversidad
cultural.
Desde el grupo Juventud Ecologista en Acción- JEA pedimos al Presidente la abrogación
de la ley 222 por que no tiene
nada que ver con el Derecho a la consulta previa, libre e informada que está en
la Constitución Política del estado, en el convenio 169 de la OIT y en los
derechos de los pueblos indígenas.
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