martes, 23 de abril de 2013

EVO Y MINISTROS MONITOREARON LO QUE PASABA EN CHAPARINA

PAGINA SIETE: La abogada del MSM y querellante en el caso Chaparina, Aida Camacho, afirmó ayer que las declaraciones de Cecilia Chacón, ex ministra de Defensa, sobre este caso desmienten las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera sobre la represión a los indígenas de la VIII marcha.
El pasado 10 de abril de 2013, García Linera mandó una nota escrita en respuesta a los cuestionamientos de los fiscales. En ella decía desconocer los hechos acontecidos el 25 de septiembre de 2011 en Chaparina.
No obstante, según la abogada Camacho, en el cuaderno de investigación del 6 de marzo, la ex ministra Chacón indicó que el viceministr
o de coordinación con Movimientos Sociales de entonces, César Navarro; el ministro de Gobierno Sacha Llorenti; el vicepresidente Álvaro García Linera; y el presidente Evo Morales, junto a Chacón, estaban monitoreando la represión violenta a los indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS en 2011.
“Todos estaban en la casa presidencial escuchando los reportes de Llorenti, indicando que se había desarticulado la marcha, que se iba a trasladar a los indígenas, que se habían bloqueado caminos y otros reportes que se les otorgaba a los presentes”, indicó Chacón en su declaración, según Camacho. Explicó que este “monitoreo” se realizó a las 20:00 lo que desmiente la versión de García Linera que indicaba que ni él ni el Presidente ni Sacha Llorenti tenían conocimiento sobre el operativo del 25 de septiembre de 2011.
“Estas declaraciones que están en el libro de investigación desmienten la nota que mandó el Vicepresidente a los fiscales y nos recuerdan a sus palabras después de la represión donde indicó que sabía quién había emitido la orden”, manifestó Camacho a la red ERBOL.
La abogada expresó que los fiscales con el conjunto de declaraciones deben tramitar la revocatoria que se le otorgó al ex ministro de Gobierno, ahora representante diplomático ante la Organización de Naciones Unidas.
El 2 de agosto de 2012 se excluyó a Sacha Llorenti del proceso de investigación. “Se debe revocar el fallo que favoreció a Llorenti, pero este Gobierno se mantiene en secreto absoluto y las partes que tenemos participación no podemos hacer nada”, explicó Camacho a ERBOL.

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