eju!, 28 de Mayo 2020. La nueva constitución Política del Estado de 2009 abre la posibilidad a una mayor autonomía mediante el derecho a la autodeterminación, y se crea el concepto de los territorios indígena originarios campesinos (TIOC), sobre la base de las TCO saneadas o en proceso de saneamiento. Los TIOC obtendrán la autonomía solo cuando estén saneadas y previa consulta a las comunidades titulares del territorio, y en caso de haberlos, se incluye a los terceros que habiten esos territorios.
Las 22 TCO demandadas y saneadas representan un poco más del 10% de la superficie del territorio boliviano considerando tanto demandas en las tierras altas como en las tierras bajas. Las TCO en tierras bajas contienen el 55% de las tierras de producción forestal permanente. Así los territorios indígenas son importantes en un contexto de cambio climático por su potencial de conservación de estos bosques bajo un manejo sostenible y además de su contribución a los objetivos del milenio de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.
Sin embargo, los territorios indígenas, los pueblos de tierras bajas en Bolivia no tienen las condiciones necesarias para realizar su potencial ambiental. Una reciente publicación del IISEC-UCB (Wanderley et al. 2018) muestra que, en comparación con los territorios indígenas de Perú, Colombia y Ecuador, en Bolivia presentan mayores niveles de deforestación. Los territorios indígenas en Brasil también muestran niveles bastantes bajos de deforestación con relación los bosques adyacentes y en comparación con los países andinos (RAISG 2015). ¿Qué está pasando con los pueblos indígenas en Bolivia?
Los datos que mostramos a continuación muestran otra faceta del mismo problema: la degradación forestal. Estos datos forestales han sido recopilados por el Centro de Estudios de Realidad Económica y Social (CERES), en el marco de la red IFRI: corresponde a los bosques comunales de comunidades indígenas recopilados entre 2007 y 2013. Se observa que dos de estas comunidades han tenido cambios muy importantes en el número de árboles como del área que ocupan los troncos (área basal). Estos dos simples indicadores señalan una degradación de los bosques que estas comunidades utilizan para la caza, recolección de frutos, plantas y materiales de construcción. Otras dos comunidades no presentan cambios significativos en ambos indicadores.
Analicemos más a detalle los dos casos que muestran los cambios más importantes. La Comunidad de San Isidro, compuesta esencialmente de indígenas tacanas, aunque no se encuentran dentro de la TCO Tacana, y la comunidad Ivirgarzama, poblada por indígenas yuracarés del río Ivirgarzama.
Los tacanas de la comunidad San Isidro
San Isidro se encuentra a 10 kilómetros de San Buenaventura y a más o menos tres kilómetros del ingenio azucarero del mismo nombre, sobre la carretera en dirección a Ixiamas. Colinda al noreste con la zona de amortiguamiento del parque Madidi. Es una pequeña comunidad que vive de agricultura de subsistencia, la producción de cacao, los recursos del bosque, caza, pesca y de la venta de mano de obra en la región.
La comunidad tiene un título colectivo de la tierra, pero al interior hay parcelas individuales conservando un área comunal. Desde 2013, con la instalación del ingenio azucarero, se les ha pedido convertir las parcelas individuales al monocultivo de caña de azúcar. El mayor problema de la comunidad para la conservación de su bosque comunal e individual es la producción ilegal de madera. No logran hacer respetar los límites de su territorio y tiene poca o ninguna ayuda de las autoridades locales.
Yuracarés, también desprotegidos
El Territorio Multiétnico del río Ivirgarzama se encuentra en el municipio Puerto Villarroel de la provincia Carrasco de Cochabamba, al noreste de la carretera entre Ivirgarzama y Puerto Villarroel, tiene en sus puertas uno de los poblados más grandes de esta región, Ivirgarzama. Al norte colinda con la TCO Yuqui y el resto de su territorio está rodeado de sindicatos cocaleros.
Los yuracarés de este territorio, instalados en un barrio del poblado de Ivirgarzama, practican la agricultura de subsistencia y han incursionado en otras actividades, entre ellas la producción de coca. El año 2008, con ayuda de la FAO, elaboraron un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) como una forma de desarrollo y control de sus bosques. Sin embargo, en los hechos en los siguientes años han perdido el control del 50% de su territorio, debido a la ocupación de los sindicatos cocaleros.
Los yuracarés tienen en curso dos procesos (uno en el INRA y otro en la ABT) en contra de los colonos, sin que hayan logrado recuperar sus tierras y acceso al plan de manejo. Así, el Consejo Yuracaré del rio Ivirgarzama está prácticamente imposibilitado de establecer una gobernanza sobre los recursos naturales de su territorio ya sea mediante la implementación de instrumentos como sus normas internas. Al final los yuracarés se encuentran con un bosque cada vez más degradado del que ya no pueden depender.
Para los pueblos aquí en cuestión el reconocimiento oficial de un territorio, el reconocimiento de derechos consagrados en la Constitución no ha cumplido con los objetivos previstos: permitir la reproducción de la cultura, identidad, sostenibilidad de sus recursos. Este reconocimiento es sin duda un avance democrático a favor de las poblaciones más vulnerables y para el medio ambiente, como lo confirma una importante cantidad de literatura sobre el manejo de los comunes en todas partes del globo. Pero no es suficiente.
La falta de respeto de los derechos territoriales indígenas adquiridos por parte de poblaciones vecinas y de las instituciones del Estado boliviano está provocando la degradación de los bosques de los cuales dependen como fuente de sustento. En el caso de San Isidro, la comunidad no tiene los medios suficientes para controlar la tala ilegal y tiene poco o nulo apoyo de las autoridades correspondientes. En el caso de yuracarés, la correlación de fuerzas políticas hace impensable un apoyo hacia ellos contra de los productores de coca. Estos dos casos muestran el estado de indefensión de facto en el que se encuentran las TCO.
Grandes riquezas en los territorios indígenas
En general, los territorios de los pueblos indígenas de tierras bajas coinciden con grandes riquezas y por ello mismo se encuentran bajo presiones igualmente grandes. Los territorios indígenas se sobreponen con parques y reservas naturales, que además de cumplir importantes servicios medioambientales (secuestro de carbono, provisión de agua), coinciden con espacios con alto grado de endemismo y biodiversidad que juegan un importante rol ecosistémico y deberían ser priorizados para su conservación.
También estos espacios contienen recursos valiosos (ej. madera, especies animales) sujetos a presiones del mercado, que se pueden traducir en un aprovechamiento depredador. Además, contienen otros recursos naturales no renovables que explican la sobreposición con concesiones mineras y de hidrocarburos. Por su ubicación coinciden con las zonas interesantes para la implantación de proyectos hidroeléctricos cuya implementación afecta también porciones significativas de estos territorios. Finalmente, los territorios indígenas, en tanto que tierras, también son ambición de la agricultura y ganadería a diferentes escalas.
Así, las presiones sobre los pueblos y territorios indígenas son tan grandes y diversas que la sola idea de resistencia de su parte parece destinada al fracaso. Más aún si las instituciones del gobierno no los protegen y, al contrario, como lo muestran otros casos, son ellas mismas quienes desconocen sus derechos a favor de los intereses del Estado.
El Estado debería al contrario reforzar la gobernanza comunal de los recursos naturales en las TCO (ahora TIOC) como los bosques, agua, biodiversidad, la tierra, como uno de los pilares fundamentales de la política de estado hacia el medioambiente y la lucha contra la pobreza en vez de debilitar esta gestión.
Las 22 TCO demandadas y saneadas representan un poco más del 10% de la superficie del territorio boliviano considerando tanto demandas en las tierras altas como en las tierras bajas. Las TCO en tierras bajas contienen el 55% de las tierras de producción forestal permanente. Así los territorios indígenas son importantes en un contexto de cambio climático por su potencial de conservación de estos bosques bajo un manejo sostenible y además de su contribución a los objetivos del milenio de reducción de la pobreza y seguridad alimentaria.
Sin embargo, los territorios indígenas, los pueblos de tierras bajas en Bolivia no tienen las condiciones necesarias para realizar su potencial ambiental. Una reciente publicación del IISEC-UCB (Wanderley et al. 2018) muestra que, en comparación con los territorios indígenas de Perú, Colombia y Ecuador, en Bolivia presentan mayores niveles de deforestación. Los territorios indígenas en Brasil también muestran niveles bastantes bajos de deforestación con relación los bosques adyacentes y en comparación con los países andinos (RAISG 2015). ¿Qué está pasando con los pueblos indígenas en Bolivia?
Los datos que mostramos a continuación muestran otra faceta del mismo problema: la degradación forestal. Estos datos forestales han sido recopilados por el Centro de Estudios de Realidad Económica y Social (CERES), en el marco de la red IFRI: corresponde a los bosques comunales de comunidades indígenas recopilados entre 2007 y 2013. Se observa que dos de estas comunidades han tenido cambios muy importantes en el número de árboles como del área que ocupan los troncos (área basal). Estos dos simples indicadores señalan una degradación de los bosques que estas comunidades utilizan para la caza, recolección de frutos, plantas y materiales de construcción. Otras dos comunidades no presentan cambios significativos en ambos indicadores.
Analicemos más a detalle los dos casos que muestran los cambios más importantes. La Comunidad de San Isidro, compuesta esencialmente de indígenas tacanas, aunque no se encuentran dentro de la TCO Tacana, y la comunidad Ivirgarzama, poblada por indígenas yuracarés del río Ivirgarzama.
Los tacanas de la comunidad San Isidro
San Isidro se encuentra a 10 kilómetros de San Buenaventura y a más o menos tres kilómetros del ingenio azucarero del mismo nombre, sobre la carretera en dirección a Ixiamas. Colinda al noreste con la zona de amortiguamiento del parque Madidi. Es una pequeña comunidad que vive de agricultura de subsistencia, la producción de cacao, los recursos del bosque, caza, pesca y de la venta de mano de obra en la región.
La comunidad tiene un título colectivo de la tierra, pero al interior hay parcelas individuales conservando un área comunal. Desde 2013, con la instalación del ingenio azucarero, se les ha pedido convertir las parcelas individuales al monocultivo de caña de azúcar. El mayor problema de la comunidad para la conservación de su bosque comunal e individual es la producción ilegal de madera. No logran hacer respetar los límites de su territorio y tiene poca o ninguna ayuda de las autoridades locales.
Yuracarés, también desprotegidos
El Territorio Multiétnico del río Ivirgarzama se encuentra en el municipio Puerto Villarroel de la provincia Carrasco de Cochabamba, al noreste de la carretera entre Ivirgarzama y Puerto Villarroel, tiene en sus puertas uno de los poblados más grandes de esta región, Ivirgarzama. Al norte colinda con la TCO Yuqui y el resto de su territorio está rodeado de sindicatos cocaleros.
Los yuracarés de este territorio, instalados en un barrio del poblado de Ivirgarzama, practican la agricultura de subsistencia y han incursionado en otras actividades, entre ellas la producción de coca. El año 2008, con ayuda de la FAO, elaboraron un Plan General de Manejo Forestal (PGMF) como una forma de desarrollo y control de sus bosques. Sin embargo, en los hechos en los siguientes años han perdido el control del 50% de su territorio, debido a la ocupación de los sindicatos cocaleros.
Los yuracarés tienen en curso dos procesos (uno en el INRA y otro en la ABT) en contra de los colonos, sin que hayan logrado recuperar sus tierras y acceso al plan de manejo. Así, el Consejo Yuracaré del rio Ivirgarzama está prácticamente imposibilitado de establecer una gobernanza sobre los recursos naturales de su territorio ya sea mediante la implementación de instrumentos como sus normas internas. Al final los yuracarés se encuentran con un bosque cada vez más degradado del que ya no pueden depender.
Para los pueblos aquí en cuestión el reconocimiento oficial de un territorio, el reconocimiento de derechos consagrados en la Constitución no ha cumplido con los objetivos previstos: permitir la reproducción de la cultura, identidad, sostenibilidad de sus recursos. Este reconocimiento es sin duda un avance democrático a favor de las poblaciones más vulnerables y para el medio ambiente, como lo confirma una importante cantidad de literatura sobre el manejo de los comunes en todas partes del globo. Pero no es suficiente.
La falta de respeto de los derechos territoriales indígenas adquiridos por parte de poblaciones vecinas y de las instituciones del Estado boliviano está provocando la degradación de los bosques de los cuales dependen como fuente de sustento. En el caso de San Isidro, la comunidad no tiene los medios suficientes para controlar la tala ilegal y tiene poco o nulo apoyo de las autoridades correspondientes. En el caso de yuracarés, la correlación de fuerzas políticas hace impensable un apoyo hacia ellos contra de los productores de coca. Estos dos casos muestran el estado de indefensión de facto en el que se encuentran las TCO.
Grandes riquezas en los territorios indígenas
En general, los territorios de los pueblos indígenas de tierras bajas coinciden con grandes riquezas y por ello mismo se encuentran bajo presiones igualmente grandes. Los territorios indígenas se sobreponen con parques y reservas naturales, que además de cumplir importantes servicios medioambientales (secuestro de carbono, provisión de agua), coinciden con espacios con alto grado de endemismo y biodiversidad que juegan un importante rol ecosistémico y deberían ser priorizados para su conservación.
También estos espacios contienen recursos valiosos (ej. madera, especies animales) sujetos a presiones del mercado, que se pueden traducir en un aprovechamiento depredador. Además, contienen otros recursos naturales no renovables que explican la sobreposición con concesiones mineras y de hidrocarburos. Por su ubicación coinciden con las zonas interesantes para la implantación de proyectos hidroeléctricos cuya implementación afecta también porciones significativas de estos territorios. Finalmente, los territorios indígenas, en tanto que tierras, también son ambición de la agricultura y ganadería a diferentes escalas.
Así, las presiones sobre los pueblos y territorios indígenas son tan grandes y diversas que la sola idea de resistencia de su parte parece destinada al fracaso. Más aún si las instituciones del gobierno no los protegen y, al contrario, como lo muestran otros casos, son ellas mismas quienes desconocen sus derechos a favor de los intereses del Estado.
El Estado debería al contrario reforzar la gobernanza comunal de los recursos naturales en las TCO (ahora TIOC) como los bosques, agua, biodiversidad, la tierra, como uno de los pilares fundamentales de la política de estado hacia el medioambiente y la lucha contra la pobreza en vez de debilitar esta gestión.
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