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| Imagen: Ajax Sanhueza - Movimiento Socio Ambiental Oruro |
Periódico Digital PIEB.- La hegemonía en el dominio del control de la explotación y producción minera en Bolivia a cargo de las empresas privadas trasnacionales podría ser reforzada en desmedro del Estado si se aprueba tal como está el anteproyecto de la nueva ley minera, advierte el sociólogo e investigador Emilio Madrid.
En un análisis de la política y legislación minera, el investigador sostiene que la actual estructura de la minería en Bolivia, impuesta durante el primer Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada el año 1997 con la Ley 1777 del Código de Minería en vigencia, es reforzada en el anteproyecto de Ley Minera, concertada entre operadores y Estado.
“Desde el 2011 se está discutiendo el cambio de la ley minera. Bolivia va contar con una nueva ley, pero para saber hacia dónde se va orientar, es importante entender hacia dónde nos ha conducido la actual ley minera”, dice Madrid, quien desde hace años hace un seguimiento de conflictos entre comunidades campesinas y empresas mineras en Oruro, Potosí y La Paz.
Para comprender la actual estructura minera del país, Madrid menciona que de acuerdo a datos del Ministerio de Minería y Metalurgia (MMyM), el 75,12 por ciento (%) de la producción minera está concentrada en manos de la minería mediana; el 22,95% en la minería chica y cooperativizada; y sólo el 1,93% --menos del 2%-- bajo la tuición de la minería estatal. A la par del valor total de las exportaciones mineras, sólo el 8,9% es destinado al Estado, frente al 60,4% para las empresas medianas asociadas a las trasnacionales y el 30,7% para las cooperativas.
“¿La nueva ley cambiará esta estructuración? A la conclusión que llegamos en el Colectivo es que no habrá un cambio sustancial, ya que la propuesta acordada de estos actores apunta a corregir algunas falencias a favor de las propias empresas”, señala el investigador al Periódico Digital PIEB.
El sociólogo teme que en los próximos meses se apruebe la nueva norma minera, que tiene un gran avance en una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Trabajo, el MMyM, la Asociación de Mineros Privados, la Cámara de Mineros Chicos, la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia y la Corporación Minera de Bolivia; es decir, sólo operadoras y Estado, sin la participación de las comunidades campesinas e indígenas afectadas por la contaminación minera.
Flexibilización a favor de las privadas Madrid asegura que el anteproyecto de Ley, en lugar de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios respecto a la consulta pública, libre e informada para dar su consentimiento a las operaciones mineras y/o garantizar procedimientos ambientales adecuados para las operaciones mineras; apunta a resolver algunas “falencias” de la Ley 1777, para flexibilizar y facilitar el trabajo de las mineras.
“El fin que busca este proyecto de normativas, es el de propiciar el control e inversión privada extranjera de la minería, garantizando la rentabilidad, seguridad jurídica y la no intervención del Estado como operador, bajo la justificación de que se propiciaría grandes proyectos de explotación, beneficiando al Estado con mayores rentas”.
Pero también hay falencias que supera el proyecto, dice el investigador, una es la referida al acaparamiento de concesiones dispersas en personas individuales, lo cual no permitía que dichas concesiones sean exploradas ni explotadas. “Con el cambio de régimen de concesión a contrato, se resolvería este tema, y los que tengan contratos deberán explotar en un tiempo determinado”.
Otro de los problemas que se pretende resolver con la nueva ley, es la “inoperancia”, en palabras del investigador, en la que habría caído la Superintendencia de Minas y actual Autoridad de Fiscalización y Control Social de Minas, que concentra dos funciones: administrativa, para otorgar concesiones; y de resolución de demandas.
“En el nuevo proyecto la Autoridad Administrativa Minera concentrará los derechos mineros y todo lo que eran demandas jurídicas será establecidas a través de los juzgados mineros con la creación del Tribunal Agrario Minero”, señala.
El rol de la Corporación Minera de Bolivia, en el régimen actual minero –dice Madrid- está limitado solo a administrar contratos y arrendamientos de sus concesiones y no así de las privadas.
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