viernes, 26 de octubre de 2012

CASO MALLKU QUTA: SAS advierte con arbitraje y afirma que se violó un tratado Inversión. Minera pone plazo de seis meses para llegar a un acuerdo

La Razón / Miguel Lazcano / La Paz / 26 de octubre de 2012 La minera canadiense South American Silver (SAS) advirtió al Gobierno boliviano con iniciar un arbitraje internacional si en el plazo de seis meses no se llega a un acuerdo sobre la compensación económica que debe recibir por la reversión de su concesión en Mallku Khota. La compañía minera también acusó a la administración del presidente Evo Morales Ayma de haber violado el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones firmado entre Bolivia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

“South American Silver Limited es un inversionista protegido en virtud” de este convenio, “y las acciones del Gobierno de Bolivia constituyen una violación de dicho tratado y del derecho internacional”, señala en partes salientes el comunicado publicado en su página de internet por el consorcio de capitales canadienses.
El martes, South American Silver Limited, filial de SAS, envió una carta al Ejecutivo boliviano en la que le notifica de las “diferencias relativas a inversiones”, paso previo al arbitraje internacional. En la misiva, la empresa canadiense le hace recuerdo al Gobierno que la “notificación de la controversia de inversión provoca un periodo de seis meses de reflexión durante el cual las partes contendientes podrán negociar un acuerdo”.
Reversión. El 2 de agosto, el Gobierno tomó control del yacimiento de plata, indio y galio de Mallku Khota (Potosí), explotado desde 2007 por una filial local de South American Silver, y negó que esa compañía minera haya suscrito un contrato de concesión con el Estado boliviano. El decreto aprobado ese día por el gabinete de ministros revirtió la concesión Mallku Khota de 170 hectáreas, registrada a nombre de Exploraciones Mineras Santa Cruz Ltda. (Emicruz), y 219 cuadrículas de la Compañía Minera Mallku Khota (CMMK), filial de la canadiense. Ambas concesiones están ubicadas en las provincias Charcas y Alonso Ibáñez del departamento de Potosí.
El presidente y director ejecutivo de SAS, Phillip Brodie-Hall, lamentó que el proyecto desarrollado por la firma haya sido interrumpido por la “nacionalización” de sus concesiones. No obstante, dijo que los ejecutivos de la compañía están seguros de que “el proceso de arbitraje internacional” les dará los medios para recuperar el valor total de su proyecto minero.
“Hemos realizado importantes inversiones en Bolivia que llevaron al descubrimiento de Mallku Khota”, yacimiento “al que le hemos añadido un valor sustancial a través de la aplicación de nuestra experiencia y tecnología de procesamiento de minerales única” en el mundo, afirma la empresa minera en el comunicado. El 24 de julio, los ejecutivos de la Compañía Minera Mallku Khota, filial de la empresa canadiense, dijeron que sus inversiones realizadas en el yacimiento minero del mismo nombre superan los $us 25 millones.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno negó cualquier obligación económica que reclama la firma canadiense y dijo que la compañía minera no acreditó derechos legales. “El país no tiene ninguna obligación con la South American Silver”, declaró el 2 de octubre el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira.
Arbitraje con reglas de la CNUDMI
Carta
La compañía minera canadiense señala que si en seis meses no se llega a un acuerdo, la firma solicitará un arbitraje internacional bajo las reglas de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Se asumirá defensa ante cualquier acción legal
El Gobierno boliviano tiene todos los registros y evidencias para demostrar ante cualquier tribunal internacional que la canadiense South American Silver (SAS) no invirtió ningún monto económico en el país, afirmó ayer el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira.
“Advierten un arbitraje en esa nota, pero nosotros estamos dispuestos a encarar cualquier acción legal, porque tenemos la documentación”, señaló. Ratificó que en la carta enviada al Ejecutivo boliviano la empresa de origen canadiense da un plazo de seis meses al Gobierno para realizar una conciliación para la devolución de los recursos invertidos en ese yacimiento y que, de no ser así, procederán al arbitraje.
Añadió que el Gobierno tiene todos los registros y evidencias para demostrar ante cualquier tribunal internacional que la canadiense no invirtió ningún monto económico en el país. Recordó que la última certificación de Fundempresa —entidad que lleva el control de la constitución de todas las empresas— no está registrado el nombre de la SAS, por lo que el Estado boliviano no tiene ninguna relación con esta firma.

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