El artículo 34, parágrafo V, del documento al que accedió La Razón
indica que “las cooperativas de producción y servicios están exentas del pago de
impuestos y tasas en las operaciones que realicen
para desarrollar su actividad
económica, por un periodo de dos años a partir de la otorgación de la
personalidad jurídica”. El presidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia
(Concobol), Albino García, dijo que esta flexibilización en la norma fue
elaborada así porque las cooperativas no se crean como las empresas privadas,
que tienen accionistas y grandes capitales, sino en su mayoría “con gente
desempleada” que busca un emprendimiento, como es el caso de la minería.
Pese a que el documento fue elaborado en coordinación con
autoridades del Ministerio de Trabajo, éste puede sufrir algunos cambios,
añadió. El artículo 31 del anteproyecto de ley señala que las cooperativas gozan
de preferencias “en los contratos con las entidades gubernamentales,
gobernaciones y municipios, para la distribución o venta de sus productos”.
A su vez, el artículo 20 de la mencionada norma establece que las
cooperativas podrán “celebrar contratos o convenios para el mejor desarrollo de
sus fines, con otras empresas e instituciones nacionales o extranjeras, sin
perder su cualidad cooperativa” en el marco de la economía plural.
En el conflicto del distrito minero de Colquiri, entre
cooperativistas y asalariados, los trabajadores estatales cuestionaron que los
cuentapropistas se asocien con empresas privadas para explotar la veta Rosario.
Éste fue un punto por el que se desarrolló enfrentamientos en ese sector.
Por otro lado, el artículo 18 del anteproyecto de ley sostiene que
las cooperativas “podrán contratar personal asalariado” en el marco de los
reglamentos sectoriales de dicha ley y los estatutos orgánicos. Se indica que la
relación con este personal será regulada por la Ley General del Trabajo.
La redacción final de este documento sufre retrasos por algunas
observaciones de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales
(Udape), pese a que existe un plazo de entrega de este documento a la Asamblea,
dijo el presidente de la Concobol.
El 25 de septiembre, en la ciudad de Oruro, se firmó un acuerdo
entre el Gobierno y la Concobol, en el que se fijó un plazo de 30 días al
Ejecutivo para la entrega del anteproyecto al Legislativo. Pese a ello, las
partes aún no se pudieron reunir para solucionar las observaciones hechas por la
Udape.
La reunión interinstitucional entre las cooperativas y autoridades
del Ejecutivo fue postergándose desde el 5 de octubre, pero se espera que hoy se
realice el encuentro. Ante tales retrasos, García envió la semana pasada una
carta al presidente Evo Morales para pedirle “llame a la reflexión” a sus
ministros por la demora, pues de lo contrario exigirán que la norma se apruebe
tal cual está redactada.
Detalles del proyecto
Privilegios
Las plantas para la producción de energía eléctrica, minas,
fábricas y talleres, que formen parte del Estado, serán administradas
“preferentemente” por cooperativas, cita el artículo 31 del anteproyecto de Ley
de Cooperativas.
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