PÁGINA SIETE: Los líderes del movimiento indígena de Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) preparan los argumentos jurídicos necesarios para apelar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) la decisión de la Fiscalía de excluir al exministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso Chaparina.
"Esto no está cerrado. Nos hemos reunido con nuestro equipo jurídico para analizar esta situación y hemos decidido apelar ante el TCP esta decisión”, dijo el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.
"Esto no está cerrado. Nos hemos reunido con nuestro equipo jurídico para analizar esta situación y hemos decidido apelar ante el TCP esta decisión”, dijo el dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Adolfo Chávez.
El objetivo es determinar si el Ministerio Público siguió los pasos correctos para tomar esta decisión.
Al respecto, el presidente del TCP, Ruddy Flores, señaló que aún no conoce esta medida asumida por los comunarios de tierras bajas. "Pero en cuanto la recibamos, la revisaremos de acuerdo con el procedimiento”, dijo a Página Siete.
El 25 de septiembre de 2011, un contingente policial de al menos 400 efectivos irrumpió en el campamento instalado en la región de Chaparina por indígenas del TIPNIS, que marchaban desde sus comunidades hasta La Paz en protesta por la imposición del Gobierno de construir una carretera que iba a dividir su territorio.
Los indígenas, hombres, mujeres y niños, fueron golpeados, atados y llevados en un bus con rumbo desconocido.
A dos años del hecho, existen pocos responsables identificados. El exministro de Gobierno Sacha Llorenti fue excluido de la investigación del caso, según anunció la anterior semana la fiscal asignada, Patricia Santos.
Según el dirigente de las comunidades del Isiboro Sécure, Emilio Noza, el Gobierno influyó para que Llorenti quede exento de esta investigación.
"El caso terminará quedando en la impunidad, no habrá responsables y el atropello que sufrimos por el Gobierno no lo sancionará nadie”, aseveró.
Asimismo, Chávez coincidió y lamentó el accionar del Ministerio Público respecto a la implicación de Llorenti en el caso.
"Es lamentable que la Fiscalía se haya prestado a proteger al señor Llorenti”, sostuvo.
Aclaró que los líderes indígenas esperaban reunirse este 19 y 20 de febrero, pero no podrán cumplir su objetivo debido a las intensas lluvias que azotan el lugar. "Tenemos que ayudar a los comunarios y estamos concentrados en eso, pero una vez que pase esta contingencia oficializaremos nuestra solicitud”, dijo.
Ambos dirigentes coincidieron en que si el Órgano Judicial no sanciona a Llorenti, serán ellos quienes busquen que la exautoridad sea castigada.
"A este paso ya no confiamos en la justicia boliviana. Si no hay sanciones, nosotros aplicaremos la justicia indígena comunitaria. Porque él no se va a salvar de un castigo”, aseveró.
Comunarios no olvidan represión
Los comunarios de tierras bajas aún mantienen en su memoria la represión en Chaparina, ocurrida el 25 de septiembre de 2011.
El dirigente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez relató lo que recuerda de aquel día.
"Tuvimos que correr, huir del gas, de los golpes (...). La imagen que siempre se me va a quedar en la mente por siempre es la de los rostros de los niños llorando, a las madres corriendo y gritando para que no las separen de sus niños”, dijo.
Dora Cita Cuevas, otra comunaria, recordó los golpes que recibió de los efectivos policiales. "Es algo que recuerdo cada día, cada noche y siempre me pregunto cómo un Gobierno que antes nos reconoció ahora nos olvida”.
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