EL DIARIO: La parte legal y las víctimas de la represión policial de Chaparina preparan un careo entre el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y exautoridades del Ejecutivo para determinar responsabilidades sobre la autoría intelectual del operativo. Legisladores del oficialismo aseguran que la Fiscalía cumple con su labor y la oposición ve sometimiento de poderes por la exclusión dictada contra el actual embajador ante Naciones Unidas.
El dirigente del Consejo Andino de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe, quien también fue parte de las víctimas de la represión a la octava marcha en defensa de la reserva natural amazónica,
dijo que el caso no está cerrado y existen otras posibilidades como recurrir a la fase oral del proceso donde se interpondrá el careo entre Llorenti y otras autoridades que han venido declarando con supuestas contradicciones sobre los ocurrido en la jornada del 25 de septiembre de 2011.
“Vamos a pedir careo entre el señor Llorenti y el exasesor del Ministerio de Transparencia de la red de extorsión Boris Villegas, porque incluso él ha dicho en sus declaraciones que se comunicaban con su celular con Sacha Llorenti. También está la exministra de Defensa, Cecilia Chacón, porque ella dijo que estaban monitoreando la represión. Existen contradicciones y vamos a esperar la fase oral del proceso”, declaró Quispe a RTP.
A su turno, el abogado Eduardo León, quien patrocina a Quispe y otras víctimas defensoras del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en radio Fides manifestó que no es razonable ni objetivo que la Fiscalía haya determinado en su ratificación de exclusión del proceso a Sacha Llorenti, que se argumente su “no presencia” en el lugar del operativo cerca de Yucumo, Beni.
“La resolución dice que el señor exminstro Llorenti no estaba en el lugar de los hechos; es como decir que Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) y “zorro” Berzaín (Carlos Sánchez) no estuvieron en (la masacre) Octubre Negro”, dijo.
Reiteró que se puede llevar el caso en la reconversión de acciones, hacia un proceso privado directo, tal como lo anticipara la abogada y asesora del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, en entrevista con EL DIARIO.
La resolución difundida el martes por la fiscal Rosario Venegas cita: “Confirmar el requerimiento fiscal de Rechazo de Denuncia y Querella Nro. 01/2012 de fecha 30 de julio de 2012 pronunciada por los Fiscales Dr. José Ángel Ponce Rivas y Dra. Patricia Santos Cabrera, a favor de Sacha Sergio Llorenty Soliz, con relación a los delitos de genocidio, privación de libertad, lesiones, desaparición forzada de personas, vejaciones y torturas y allanamiento de domicilio por funcionario público; con la modificación del inciso aplicable, vale decir, se confirma el rechazo conforme al Art. 304 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, debido a que Sergio Sacha Llorenty no participó del hecho punible atribuido y no así conforme al numeral 3) del citado artículo, toda vez que, al presente, la investigación y estado actual de la misma permite afirmar sobre su no participación, con los efectos legales que conlleva tal determinación”.
El exministro de Gobierno y actual embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, está en el país coordinando la antesala de la cumbre del bloque G 77 más China que se desarrollará en Santa Cruz en junio.
Tanto en la capital oriental como en la Sede de Gobierno, la autoridad no ha querido hablar con los medios de comunicación sobre el tema Chaparina, limitándose a pedir “sólo G 77, gracias”.
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