EL CONTROL DE QUEMAS Y MINERÍA, DESAFÍOS AMBIENTALES DE BOLIVIA

 Una meta para este año es que se derogue el paquete de leyes que favorecen la ampliación de la agroindustria, lo que repercute en incendios forestales y avasallamientos.

Salvar los bosques en Bolivia está entre las prioridades de este año. Esto incluye desarrollar un plan concreto para controlar las quemas y evitar que los incendios forestales sigan sumando territorio quemado a las casi 14 millones de hectáreas perdidas en tres años.

La agenda ambiental también tiene en su lista de desafíos poner la mirada en tres zonas que fueron azotadas por diversos factores: la Chiquitania, la Amazonia y el parque Madidi, que fueron víctimas de avasallamientos, incendios forestales, explotación minera, la expansión agrícola y las sequías.

Algo que también preocupa a científicos y organizaciones indígenas y ambientales es el avance de la minería legal e ilegal en ríos, así como la construcción de grandes hidroeléctricas. Sobre este último punto, se teme el impacto que puedan generar cuatro proyectos en diferentes zonas del país, entre ellos los polémicos Chepete-El Bala, que todavía no tienen un claro estudio de impacto ambiental.

A los delitos ambientales, proyectos extractivos y de energía, y la deforestación, sobre todo impulsada por los incendios, hay que sumar la gestión sobre el cambio climático, considerando que sus efectos empiezan a ser considerables como se ve en el derretimiento de  glaciares y las sequías  cada vez  más fuertes. Estos son los desafíos ambientales de Bolivia en este 2022:

Fiscalizar quemas y chaqueos

Los incendios forestales se convierten en Bolivia en un dolor de cabeza cada año. El factor principal es que quienes buscan la implementación de un nuevo modelo de desarrollo económico productivo pusieron sus miradas en los bosques bolivianos.

Unos quieren preservarlos, pero otros quieren quemarlos para sus fines económicos. Esto al final deriva en noticias diarias a partir de cada septiembre de que el fuego arrasó miles de hectáreas de bosque, incluyendo áreas protegidas.

En septiembre de 2019 se intensificaron los incendios forestales. Fue una época difícil para Bolivia y de esa tragedia ambiental poco se aprendió.

Aquella vez el fuego arrasó con 5,3 millones hectáreas de suelos, lo que fue un factor decisivo para que Evo Morales baje en las encuestas cuando intentaba llegar a un polémico cuarto mandato consecutivo. En 2021, la tragedia de los bosques bolivianos estuvo a punto de igualar lo sucedido hace dos años.

El investigador Juan Carlos Catari, quien es vicepresidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, cree que las estrategias para mitigar incendios forestales fallan porque no hay una actualización de planes y por los pocos recursos económicos públicos que se asignan para estos casos. Pero, además, porque no existe una legislación drástica para el sector de la agroindustria.

“Estamos como en 2019, con los mismos problemas y con los mismos fondos. No hay recursos y por eso tenemos que recurrir a organizaciones y a la cooperación internacional para mitigar los incendios cada año. Entonces, cada año se ve el mismo triste final de la novela”, sostuvo el investigador consultado.

Por eso, el biólogo señaló como una tarea pendiente para este 2022 la aprobación de una normativa más severa para fiscalizar y sancionar las malas prácticas ambientales del sector agrícola pecuario en el país. “Tenemos que ver una normativa ambiental que regule a  sectores ligados a los incendios y a los avasallamientos”, propuso.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, auguró que en 2022 la cifra de hectáreas afectadas por incendios será más baja que en los últimos tres años. Para ese objetivo, la autoridad dijo que se empezará a trabajar con empresarios; interculturales que llegan a la Chiquitania y otras zonas; comunidades indígenas y gobiernos subnacionales para tener un plan más riguroso.

El viceministro señaló que la mayoría de los focos de calor este año fueron provocados. “Todo ese trabajo de identificación del origen de los incendios está con las autoridades competentes y esperamos que la justicia les caiga con todo el rigor de la ley para que así en el futuro no se animen a realizar este tremendo daño a la flora y a la fauna”, dijo.

Normas cuestionadas

Existe un paquete de siete leyes y decretos que promulgó el expresidente Morales y que no fueron derogados durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez. Las normas siguen vigentes en la actual administración del mandatario Luis Arce.

Estas normas observadas son: la ley que incentiva la producción de alimentos y restitución de bosques; la norma que autoriza la deforestación hasta en 20 hectáreas para pequeñas propiedades; la que permite el uso y manejo racional de  quemas; la que le abre  puertas a la soya transgénica para la producción de biodiésel y la que aprueba el Plan de Uso del Suelo de Beni.

En cuanto a los decretos están el que autoriza el cambio de uso de suelo en los departamentos de Santa Cruz y Beni con fines agropecuarios y con la posibilidad de efectuar quemas controladas y dos que Añez promulgó: el que autoriza el ingreso de semillas transgénicas de cinco cultivos y otro que permite el uso de eucalipto para reforestación.

“El gobierno de  Morales aprobó un paquete de normas incendiarias que autorizan las quemas. El trato fue con los ganaderos y soyeros. El gobierno de transición (de  Añez) siguió el mismo camino y ahora en la gestión de  Arce no se ven intenciones para mejorar esta situación”, afirma Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).

Por ello, una de las principales demandas de expertos y organizaciones indígenas y ambientales  se derogue el paquete de normas y decretos cuestionados.

Áreas protegidas, el desafío

El manejo y cuidado de las áreas protegidas en Bolivia es uno de los retos para este 2022, tomando en cuenta que son afectadas por la minería ilegal, el narcotráfico y los avasallamientos, como lo explica Óscar Campanini, director del Cedib.

“Existen solicitudes de cooperativas mineras para que se rezonifiquen ciertas áreas protegidas y también hay extremos que llegan a pedir que se elimine las áreas protegidas, no solo por parte de mineros, sino también de otros sectores”, dijo Campanini. Puso como ejemplo la situación del Parque Madidi, donde los ríos están contaminados con mercurio por la explotación “sin ningún control” del oro.

Erradicar las plantaciones ilegales de coca es otro de los problemas pendientes para el gobierno, indica Campanini. En seis de las 22 áreas protegidas del país se hallaron cultivos ilegales de hoja de coca, según el informe de la Unodc En el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró se reportó en 2021 un crecimiento de estos cultivos del 118%.

Las decisiones, señalan los entrevistados, pasan por poner en marcha reformas drásticas en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). La entidad  fue  cuestionada  por atender intereses políticos que promovieron el retiro de personal especializado en áreas estratégicas donde los delitos campean.

Proyectos hidroeléctricos

“Bolivia: corazón energético de Sudamérica” es el eslogan del Gobierno boliviano. Para lograr ese objetivo hay cuatro proyectos hidroeléctricos de gran impacto, que en conjunto se espera que produzcan alrededor de 10.000 MW de energía, casi en su totalidad para exportación.

Estos proyectos son Cachuela Esperanza, en la desembocadura del río Beni; Chepete y El Bala, que está en las puertas del área protegida Madidi; Rositas, que involucra siete represas sobre el río Grande en Santa Cruz; y la Binacional, que está sobre el río amazónico Madera, en Pando.

Todos  tienen fichas ambientales, pero a la fecha no existe información sobre la conclusión de los Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA).

Ningún proyecto contó con la consulta previa, tampoco cuenta con licencia ambiental y sólo  Rositas tiene comprometido un financiamiento chino.

El Chepete y El Bala, así como Cachuela Esperanza no tienen estudios a diseño final ni financiamiento, y en el caso de la hidroeléctrica Binacional sigue pendiente  un estudio de inventario del río Madera a cargo de la empresa Worley Parsons Engenharia Ltda.

“Pretender avanzar en la construcción de megahidroeléctricas para exportar electricidad  es una pesadilla por sus impactos ambientales, sociales, sus altos costos y el endeudamiento que provocarían sin contar con  mercado asegurado. Es fundamental transparentar  la información sobre estos mega proyectos para promover un debate nacional”, sostuvo Pablo Solón, director de la Fundación Solón.

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