LA PATRIA: El exdirector de Régimen Interior, Boris Villegas, confirmó en su declaración ante la Fiscalía, que el exministro de Gobierno, Sacha Llorenti, fue quien dio la orden de intervención a la VIII marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que acaeció el 25 de septiembre de 2011 en la localidad de Chaparina, Beni.
La senadora Carmen Eva González (CN) difundió este jueves el acta de declaración de Villegas, quien se entrevistó con la Comisión de fiscales integrada por Patricia Santos y Roger Velásquez el pasado 1 de agosto al interior de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz,
La senadora Carmen Eva González (CN) difundió este jueves el acta de declaración de Villegas, quien se entrevistó con la Comisión de fiscales integrada por Patricia Santos y Roger Velásquez el pasado 1 de agosto al interior de la cárcel de Palmasola de Santa Cruz,
donde el exfuncionario de Gobierno guarda detención preventiva por el caso de la red de extorsión.
"Quien dio la orden para intervenir la marcha fue el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien retransmitió esa orden directamente al contingente policial que se encontraba allá fue el viceministro Marcos Farfán", señaló Villegas, de acuerdo al acta de declaración presentado por González.
A lo largo de su entrevista con los fiscales, Villegas relata el andamiaje que tuvo este conflicto y que se inició, dijo, con el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca, el 24 de septiembre de 2011, que derivó en la intervención a la movilización indígena.
"El detonante fue el supuesto secuestro al canciller David Choquehuanca y a los viceministros Wilfredo Chávez y César Navarro, a raíz de este último hecho es que el ministro Llorenti ordena que se prepare un plan de emergencia del canciller y se preparare un plan para intervenir la marcha", señaló.
Reveló, además, que la plana mayor de oficiales de la policía expresó su "malestar" con esta orden de intervención, pero el ministro Llorenti, la noche del 24 de septiembre, "fue enfático al señalar que esa orden debería cumplirse sí o sí con las condiciones políticas que ello acarrearía".
Villegas señaló que hubo un total de tres planes de intervención a la marcha, pero ninguna de ellas hacía referencia al uso indiscriminado de la fuerza. A ello se suma, que esta represión duró más tiempo del debido.
"En cualquier ciudad de Bolivia después de lanzarse unos cuantos gases e incluso repartirse unos cuantos golpes se da una contraorden y la represión cesa, cosa que no ocurrió en Chaparina", dijo y acotó que no fue testigo de "ninguna ruptura en la cadena de mando" y tampoco aseguró que ello haya existido.
Ante estas revelaciones, la senadora González pidió al Ministerio Público expedir una convocatoria a Llorenti y Farfán para que declaren por este operativo. "Exijo al Ministerio Público, a la cabeza del fiscal Ramiro Guerrero, mande y expida un requerimiento penal para Sacha Llorenti y Marcos Farfán, así como aquellos militares y policías que han intervenido en este operativo, que se convoque a declarar también a todas las autoridades de Gobierno que hayan preparado este plan, incluyendo al presidente de la República (Evo Morales) y al señor vicepresidente (Álvaro García)", expresó.
A su turno, el diputado Galo Bonifaz (MAS) desestimó las declaraciones de Villegas y dijo que sus expresiones buscan únicamente desviar la atención del caso de la red de extorsión en la que se encuentra implicado.
"Estamos dando un criterio como asambleístas, no puede ser un personaje que por corrupción quiera desviar la atención sin ningún fundamento, con chicanerías políticas a la cabeza del equipo de asesores del MSM (Movimiento Sin Miedo)", señaló.
Por su parte, Edwin Herrera, vocero del MSM, señaló que con estas declaraciones se confirma la participación de autoridades de Gobierno en la represión a la marcha. Pidió protección para Villegas frente a estas revelaciones.
"Que se procese penalmente a todos los responsables, finalmente pido las garantías necesarias para estos señores, quienes han relatado la verdad de estos hechos, como es el señor Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas (ex abogados del Ministerio de Gobierno), lo mismo para sus familiares y abogados", pidió.
El 25 de septiembre de 2011 efectivos policiales intervinieron de forma violenta la marcha de los indígenas que se dirigían hasta la sede de Gobierno para hacer conocer su rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).
De este proceso investigativo solamente el general Óscar Muñoz, quien fue subcomandante de la Policía Nacional y participó en el operativo, fue cautelado y mantiene medidas sustitutivas a la detención preventiva. Llorenti, actualmente, es embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.
"Quien dio la orden para intervenir la marcha fue el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien retransmitió esa orden directamente al contingente policial que se encontraba allá fue el viceministro Marcos Farfán", señaló Villegas, de acuerdo al acta de declaración presentado por González.
A lo largo de su entrevista con los fiscales, Villegas relata el andamiaje que tuvo este conflicto y que se inició, dijo, con el supuesto secuestro del canciller David Choquehuanca, el 24 de septiembre de 2011, que derivó en la intervención a la movilización indígena.
"El detonante fue el supuesto secuestro al canciller David Choquehuanca y a los viceministros Wilfredo Chávez y César Navarro, a raíz de este último hecho es que el ministro Llorenti ordena que se prepare un plan de emergencia del canciller y se preparare un plan para intervenir la marcha", señaló.
Reveló, además, que la plana mayor de oficiales de la policía expresó su "malestar" con esta orden de intervención, pero el ministro Llorenti, la noche del 24 de septiembre, "fue enfático al señalar que esa orden debería cumplirse sí o sí con las condiciones políticas que ello acarrearía".
Villegas señaló que hubo un total de tres planes de intervención a la marcha, pero ninguna de ellas hacía referencia al uso indiscriminado de la fuerza. A ello se suma, que esta represión duró más tiempo del debido.
"En cualquier ciudad de Bolivia después de lanzarse unos cuantos gases e incluso repartirse unos cuantos golpes se da una contraorden y la represión cesa, cosa que no ocurrió en Chaparina", dijo y acotó que no fue testigo de "ninguna ruptura en la cadena de mando" y tampoco aseguró que ello haya existido.
Ante estas revelaciones, la senadora González pidió al Ministerio Público expedir una convocatoria a Llorenti y Farfán para que declaren por este operativo. "Exijo al Ministerio Público, a la cabeza del fiscal Ramiro Guerrero, mande y expida un requerimiento penal para Sacha Llorenti y Marcos Farfán, así como aquellos militares y policías que han intervenido en este operativo, que se convoque a declarar también a todas las autoridades de Gobierno que hayan preparado este plan, incluyendo al presidente de la República (Evo Morales) y al señor vicepresidente (Álvaro García)", expresó.
A su turno, el diputado Galo Bonifaz (MAS) desestimó las declaraciones de Villegas y dijo que sus expresiones buscan únicamente desviar la atención del caso de la red de extorsión en la que se encuentra implicado.
"Estamos dando un criterio como asambleístas, no puede ser un personaje que por corrupción quiera desviar la atención sin ningún fundamento, con chicanerías políticas a la cabeza del equipo de asesores del MSM (Movimiento Sin Miedo)", señaló.
Por su parte, Edwin Herrera, vocero del MSM, señaló que con estas declaraciones se confirma la participación de autoridades de Gobierno en la represión a la marcha. Pidió protección para Villegas frente a estas revelaciones.
"Que se procese penalmente a todos los responsables, finalmente pido las garantías necesarias para estos señores, quienes han relatado la verdad de estos hechos, como es el señor Boris Villegas, Fernando Rivera y Denis Rodas (ex abogados del Ministerio de Gobierno), lo mismo para sus familiares y abogados", pidió.
El 25 de septiembre de 2011 efectivos policiales intervinieron de forma violenta la marcha de los indígenas que se dirigían hasta la sede de Gobierno para hacer conocer su rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni).
De este proceso investigativo solamente el general Óscar Muñoz, quien fue subcomandante de la Policía Nacional y participó en el operativo, fue cautelado y mantiene medidas sustitutivas a la detención preventiva. Llorenti, actualmente, es embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas.
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