CORREO DEL SUR: El Gobierno tiene en carpeta una nueva norma legal que busca proteger a los pueblos indígena originarios en peligro de extinción. El anteproyecto de ley que comenzará a ser socializado a partir de hoy busca aplicar una sanción penal en contra de las personas que atenten contra los derechos de esos pueblos, con privación de libertad de 2 a 20 años de cárcel, bajo las figuras de genocidio cultural, perturbación cultural, financiamiento a la perturbación cultural y daño ambiental.
La viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, anunció que hoy se reunirá en Santa Cruz con un colectivo de pueblos indígenas en peligro de extinción
La viceministra de Justicia Indígena Originaria Campesina, Isabel Ortega, anunció que hoy se reunirá en Santa Cruz con un colectivo de pueblos indígenas en peligro de extinción
para afinar el anteproyecto que protege los derechos de sectores en situación de desaparición y aislamiento.
La normativa cuenta con 15 artículos y propone la creación de la figura penal del “genocidio cultural”, que sería incluido en el Código Penal, con el fin de sancionar a quienes afecten la existencia de los indígenas de pueblos frágiles, mediante acciones que comprometan la identidad, saberes y procedimientos propios.
Ortega fundamentó que el anteproyecto de ley obedece a la obligación que tiene el Estado de proteger a pueblos indígenas originarios que se hallan en peligro de extinción, el mismo que se enmarca en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, y la ratificación de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Hasta el momento se identificó que los pueblos Yuquis, Pacahuara, Yaminahua, Machinerí, Ayoreo, Araona, Moré, Tapiete, Sirionó, Urus, Guarasugwe y Murato se encuentran en peligro de extinción.
“Las causas para que se encuentren en peligro de extinción son la migración, las enfermedades, la desnutrición, la falta de alimentación, de atención en salud”, dijo la autoridad.
En entrevista con Oxígeno, la Viceministra explicó que hay empresas madereras y hasta personas que explotan goma en la Amazonía con procedimientos que amenazan seriamente a pueblos como el Machinerí o Yaminahua.
“Están escapando hacia el Brasil como consecuencia de la acción de los madereros que se entran como si fueran dueños (de sus territorios)”, relató.
En ese sentido, la normativa sugiere la creación de la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No contactados (DIGEPIO), dependiente del Órgano Ejecutivo. Esta entidad velaríra por la protección de los pueblos en peligro de extinción.
INVESTIGACIÓN
Una investigación expuesta en el marco del Congreso de Estudios Bolivianos, realizado en Sucre, reveló que 46 de las 54 lenguas originarias del país están amenazadas seriamente o incluso se encuentran ya extintas.
Los investigadores Swintha Danielsen y Kajta Hannss señalan que de las 54 lenguas nativas, 15 ya están extintas (28%), 11 se encuentran moribundas (20%) y 20 están seriamente amenazadas (37%). Mientras que del total, 54, sólo el 14% se hablan actualmente.
La normativa cuenta con 15 artículos y propone la creación de la figura penal del “genocidio cultural”, que sería incluido en el Código Penal, con el fin de sancionar a quienes afecten la existencia de los indígenas de pueblos frágiles, mediante acciones que comprometan la identidad, saberes y procedimientos propios.
Ortega fundamentó que el anteproyecto de ley obedece a la obligación que tiene el Estado de proteger a pueblos indígenas originarios que se hallan en peligro de extinción, el mismo que se enmarca en el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, y la ratificación de las Naciones Unidas sobre los derechos de pueblos indígenas, además del Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Hasta el momento se identificó que los pueblos Yuquis, Pacahuara, Yaminahua, Machinerí, Ayoreo, Araona, Moré, Tapiete, Sirionó, Urus, Guarasugwe y Murato se encuentran en peligro de extinción.
“Las causas para que se encuentren en peligro de extinción son la migración, las enfermedades, la desnutrición, la falta de alimentación, de atención en salud”, dijo la autoridad.
En entrevista con Oxígeno, la Viceministra explicó que hay empresas madereras y hasta personas que explotan goma en la Amazonía con procedimientos que amenazan seriamente a pueblos como el Machinerí o Yaminahua.
“Están escapando hacia el Brasil como consecuencia de la acción de los madereros que se entran como si fueran dueños (de sus territorios)”, relató.
En ese sentido, la normativa sugiere la creación de la Dirección General de Naciones y Pueblos Indígena Originarios en Peligro de Extinción, en Situación de Aislamiento Voluntario y No contactados (DIGEPIO), dependiente del Órgano Ejecutivo. Esta entidad velaríra por la protección de los pueblos en peligro de extinción.
INVESTIGACIÓN
Una investigación expuesta en el marco del Congreso de Estudios Bolivianos, realizado en Sucre, reveló que 46 de las 54 lenguas originarias del país están amenazadas seriamente o incluso se encuentran ya extintas.
Los investigadores Swintha Danielsen y Kajta Hannss señalan que de las 54 lenguas nativas, 15 ya están extintas (28%), 11 se encuentran moribundas (20%) y 20 están seriamente amenazadas (37%). Mientras que del total, 54, sólo el 14% se hablan actualmente.
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