La Paz, 28 de mayo (ANF).- El tratamiento y debate para el uso de semillas trangénicas en Bolivia continúa y diferentes sectores han manifestado su apoyo o rechazo a esta futura media. Es el caso de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) que rechazó el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer los procedimientos abreviados para la evaluación de semillas genéticamente modificadas.
Este sector que representa a los pueblos de las tierras bajas del departamento de La Paz asegura que el posible uso de transgénicos atenta el derecho a un medioambiente saludable y el de los pueblos indígenas.
“Esta disposición ilegal, además de ser inconstitucional por no tener rango de ley, atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y demás derechos subjetivos de los pueblos indígenas originarios campesinos, que además siempre fuimos quienes demandábamos inversión al productor campesino para garantizar la seguridad alimentaria, ya que un título ejecutorial agrario no sirve de nada sin el incentivo agropecuario – forestal condenados a cumplir la función económico-social”, mencionan en su pronunciamiento.
El documento también expresa que la introducción de los primeros cinco cultivos transgénicos (maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya) serán los que darán paso a otros, que pondrían en riesgo la existencia de los pueblos.
“No podemos permanecer en un estúpido silencio que nos haga cómplices, puesto que, bajo el pretexto de garantizarse la soberanía alimentaria, pretenden introducirse clandestinamente transgénicos que condenan a la desaparición de productos orgánicos, en nuestro caso únicos en el mundo como lo es el maíz además de otras semillas y frutos amazónicos”, destacan.
Entre tanto, autoridades de Gobierno desde hace unos días llevan adelante procesos de socialización de las “ventajas” de la biotecnología que influye el uso de transgénicos.
A la par en una carta abierta y un pronunciamiento nacional entregados el 18 de mayo en Palacio de Gobierno, 14 mil firmas ciudadanas y 300 organizaciones civiles rechazaron los decretos supremos 4232 y 4238 firmados por Jeanine Añez, así como el Decreto Supremo 3874 firmado por Evo Morales, por “atentar contra el derecho humano a la alimentación de los bolivianos, al permitir la introducción de eventos transgénicos al país”.
“Esta disposición ilegal, además de ser inconstitucional por no tener rango de ley, atenta contra el derecho a un medio ambiente sano y demás derechos subjetivos de los pueblos indígenas originarios campesinos, que además siempre fuimos quienes demandábamos inversión al productor campesino para garantizar la seguridad alimentaria, ya que un título ejecutorial agrario no sirve de nada sin el incentivo agropecuario – forestal condenados a cumplir la función económico-social”, mencionan en su pronunciamiento.
El documento también expresa que la introducción de los primeros cinco cultivos transgénicos (maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya) serán los que darán paso a otros, que pondrían en riesgo la existencia de los pueblos.
“No podemos permanecer en un estúpido silencio que nos haga cómplices, puesto que, bajo el pretexto de garantizarse la soberanía alimentaria, pretenden introducirse clandestinamente transgénicos que condenan a la desaparición de productos orgánicos, en nuestro caso únicos en el mundo como lo es el maíz además de otras semillas y frutos amazónicos”, destacan.
Entre tanto, autoridades de Gobierno desde hace unos días llevan adelante procesos de socialización de las “ventajas” de la biotecnología que influye el uso de transgénicos.
A la par en una carta abierta y un pronunciamiento nacional entregados el 18 de mayo en Palacio de Gobierno, 14 mil firmas ciudadanas y 300 organizaciones civiles rechazaron los decretos supremos 4232 y 4238 firmados por Jeanine Añez, así como el Decreto Supremo 3874 firmado por Evo Morales, por “atentar contra el derecho humano a la alimentación de los bolivianos, al permitir la introducción de eventos transgénicos al país”.
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