El diputado Galo Bonifaz (MAS) no descartó enviar fiscales al
TIPNIS para dar legalidad a resoluciones de rechazo o resistencia que
manifestaron algunas comunidades de esa región y así garantizar la conclusión
del proceso; un diputado indígena califica el hecho como una “agresión”. La
labor de los fiscales primero será garantizar el cumplimiento de la Ley 222 de
Consulta, destacó el legislador.
Pero una vez que el objetivo es llegar a la totalidad de las
comunidades y en vista de que algunas se
resisten al proceso, “aquellas que no
quieren ser consultadas están en la obligación de decir en un libro de actas que
no quieren ser consultadas; esto será refrendado (por los fiscales) y esto va a
justificar el informe final que presentarán los ministerios”, remarcó.
El diputado indígena Bienvenido Zacu (MAS) afirmó que se trata de
una “agresión” más de parte del Ejecutivo y que no se permitirá el ingreso de
representantes del Ministerio Público a las comunidades, pues consideran que se
trata de una violación a los derechos constitucionales de los indígenas, además
que temen que los fiscales detengan a sus dirigentes.
Policía. El diputado Bonifaz agregó que otra opción para ingresar a
la región es la convocatoria a la Policía nacional, “ante el peligro de algunos
dirigentes que tratan de obstaculizar el proceso”, “Son 49 comunidades que ya
fueron consultadas; de la Subcentral TIPNIS, que maneja Fernando Vargas, cuatro
no quieren la consulta y a esas cuatro hay que llegar, no a todo el territorio”,
agregó el asambleísta.
Consultado si se solicitará la detención de algunos dirigentes que
promueven la resistencia, Bonifaz respondió: “Eso es un procedimiento de la
Justicia; si el Ministerio Público ve por conveniente que hay una clara
intencionalidad, primero, de dañar físicamente, como lo han hecho con algunos
brigadistas (...) obviamente está en la obligación la Fiscalía de proceder como
son las normativas”.
“El Ministerio Público tiene que cerciorarse, en el lugar, cómo no
dejan estos dirigentes que ingresen medicamentos y alimentos; no dejan el
ingreso de las brigadas, de los funcionarios del INE; entonces es una flagrante
violación a los derechos constitucionales y derechos humanos de los mismos
indígenas”, acotó Bonifaz. Al respecto, el diputado Zacu calificó el anuncio
como un acto de “intimidación y agresión”, porque se buscaría imponer a los
indígenas la consulta y no respetar su decisión.
“Están distorsionando, están fallando los compañeros del Ejecutivo
de no aplicar como se debe la ley que defiende a los pueblos indígenas (...) nos
están presionando; dónde está el respeto a los usos y costumbres, es una
imposición lamentable”, indicó el diputado.
El fin de semana, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón
Quintana, dijo que se analiza pedir a las comunidades que rechazan la consulta,
que se expresen firmando “votos resolutivos”. “Tal vez el vehículo más
democrático es enviarles una nota a todas las comunidades que rechazan (la
consulta) para que puedan firmar un voto resolutivo en ampliados o reuniones,
para que los ciudadanos firmen si rechazan o aceptan (la consulta)”, dijo.
Un recurso de amparo
Fecha
La vocal de la Sala Civil 1ª, Aida Luz Maldonado, informó que para
el jueves, a las 09.30, se fijó la audiencia de amparo constitucional que fue
interpuesto por Fernando Vargas, el cual busca frenar la consulta.
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