LOS TIEMPOS: La abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, denunció ayer que hubo un total de 15 infiltrados en la VIII Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y que su objetivo era “provocar actos de agresión supuestamente contra los policías”.
La jurista instó al Ministerio Público a investigar el caso. Camacho señaló que la cabo de la policía Angélica Dayana Cáceres Ramírez, que aparece en las imágenes de los incidentes en Chaparina, difundidas la pasada semana, es sólo una
de los 15 “agente provocadores” enviados para a la marcha.
“El infiltramiento realizado no sólo ha sido por parte de la cabo Dayana Cáceres, estamos hablando de 15 personas denominadas agentes provocadores que han ingresado a la marcha y que tenían como objetivo dar a conocer al Ministerio de Gobierno cuáles eran las acciones, la planificación del desarrollo de la marcha para que sucesivamente pudieran llegar a la represión”, señaló la abogada en Cadena A.
Camacho, sin dar más detalles sobre los presuntos infiltrados en la VIII Marcha, agregó que otro de los objetivos de éstos “era provocar actos de agresión supuestamente contra los policías y así dar el justificativo necesario para que la Policía hiciera lo que hizo, reprimiera”.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, el domingo en entrevista con los medios estatales, justificó la labor de los policías infiltrados.
“La verdad es que no tengo conocimiento sobre qué tipo de tarea, responsabilidad, si era infiltrada, no era infiltrada (…) la Policía tiene responsabilidades específicas de reproducir información y eso es absolutamente comprensible en todos los lugares del mundo, ya que tiene funciones de tipo preventivo y coercitivo, tampoco satanicen a determinadas labores de la Policía”, argumentó el Ministro.
La semana pasada, activistas que participaron de la marcha indígena junto a su abogado, el exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín, presentaron una grabación que confirma la presencia de una policía, Dayana Cáceres, “infiltrada” entre las mujeres indígenas cuando se produjo el supuesto intento de secuestro y agresión al canciller David Choquehuanca, un día antes de la violenta represión policial a los marchistas en Chaparina.
Esa denuncia fue respaldada con dos memorandos, uno de designación a un grupo de élite policial y otro de felicitación a la policía por la labor que cumplió en Chaparina en septiembre de 2011. Cáceres, aseguraron en base a las imágenes, sería quien agredió al canciller.
Al respecto, el comandante General de la Policía, Alberto Aracena, confirmó que Cáceres fue reconocida por su labor en Chaparina, pero anunció que la aludida sería investigada por la Inspectoría General de la Policía.
Fiscal: La ley se cumple
La fiscal del distrito de Beni, Willma Blazz, dijo que hará cumplir la ley y se sancionará a los responsables de las agresiones que sufrió un grupo de habitantes en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) el mes pasado.
“La ley se cumple, no se discute; sin embargo, es bueno hacerles conocer que se ha librado la orden de aprehensión para que comparezcan (los involucrados) al llamado que se les ha hecho y puedan prestar su declaración”, precisó la fiscal al referirse a la orden de detención expedida para los dirigentes indígenas Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Pedro Nuni para que respondan a la denuncia del cacique del Conisur Gumercindo Pradel.
Los tres dirigentes se encuentran desde el pasado jueves en la sede de la Subcentral Tipnis, resguardados por corregidores y pobladores de las comunidades indígenas. Consideran la orden de detención una persecución dirigida por el Gobierno.
“Se está haciendo últimamente mucho show en los medios de prensa; simplemente esta es una investigación de las muchas que lleva adelante el Ministerio Público. Aquí influencia política no hay de ninguna índole”, sostuvo Blazz, según la agencia Abi.
El exgobernador de Beni Ernesto Suárez cuestionó la acción “eficiente” de la Fiscalía en este caso de justicia comunitaria y señaló que es claro que la justicia está manejada por el Gobierno.
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