PAGINA SIETE: Doce defensores del Pueblo de Latinoamérica resolvieron supervisar la implementación de los procesos de consulta que realicen los estados para velar la vigencia de los derechos humanos.
La postura surgió luego de que Bolivia expuso que en el TIPNIS se vulneraron derechos fundamentales de la población.
“Consideramos que garantizar el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las
La postura surgió luego de que Bolivia expuso que en el TIPNIS se vulneraron derechos fundamentales de la población.
“Consideramos que garantizar el derecho a la consulta previa permite que los pueblos indígenas formen parte del proceso de decisión de su propio desarrollo, sus formas de vida y bienestar, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, señala la resolución suscrita.
Defensor boliviano
El defensor de Bolivia, Rolando Villena, en su exposición se refirió a la vulneración de derechos en el proceso de consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. “(Debió (el proceso) tener las características de ser libre, previo e informado; a nuestro criterio la consulta fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados”, expresó.
Además recordó que las autoridades gubernamentales recurrieron sólo a los pueblos indígenas que se mostraron a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría un parque nacional y territorio indígena.
Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Guatemala, además del procurador federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se pronunciaron en la necesidad de aumentar los esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos indígenas y de la consulta.
En el encuentro participaron delegados de la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, que coincidieron que todavía persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas vinculados a problemas estructurales de pobreza, exclusión y discriminación.
El evento se realizó del 25 al 26 de abril en Lima, Perú.
Defensor boliviano
El defensor de Bolivia, Rolando Villena, en su exposición se refirió a la vulneración de derechos en el proceso de consulta en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. “(Debió (el proceso) tener las características de ser libre, previo e informado; a nuestro criterio la consulta fue vulnerada principalmente por haberse realizado cuando el proyecto ya estaba en marcha, sin la concertación con los pueblos indígenas afectados”, expresó.
Además recordó que las autoridades gubernamentales recurrieron sólo a los pueblos indígenas que se mostraron a favor de la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesaría un parque nacional y territorio indígena.
Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Guatemala, además del procurador federal de los Derechos del Ciudadano de Brasil, el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México se pronunciaron en la necesidad de aumentar los esfuerzos para la promoción y defensa de los derechos indígenas y de la consulta.
En el encuentro participaron delegados de la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, que coincidieron que todavía persisten situaciones de vulneración de los derechos de los pueblos indígenas vinculados a problemas estructurales de pobreza, exclusión y discriminación.
El evento se realizó del 25 al 26 de abril en Lima, Perú.
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