LA RAZÓN: El Gobierno trabaja en una propuesta de Ley Marco de Consulta a los pueblos indígenas que le permita desarrollar actividades hidrocarburíferas sin dificultades. Se tomará en cuenta las experiencias positivas y negativas que se tuvo con el Decreto 29033 referido a estas tareas.
La información fue proporcionada a La Razón por el viceministro de Desarrollo Energético del Ministerio de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, ante la pregunta de si las consultas a los pueblos indígenas para la realización de proyectos hidrocarburíferos serán modificadas en la nueva Ley de Hidrocarburos, o cómo se trabajará en este tema para evitar que los proyectos se retrasen.
“A la fecha se está trabajando con la propuesta de la Ley Marco de Consulta con participación de los distintos pueblos indígenas del Estado Plurinacional
de Bolivia. En la misma se están tomando en cuenta todos los aspectos que originaron dificultades en los distintos procesos de consulta y participación desde la promulgación del Decreto 29033”, expresó Molina. El referido decreto es el reglamento de consulta y participación para actividades hidrocarburíferas y fue aprobado el 16 de febrero de 2007.
En su artículo 3, la norma establece que “el proceso de Consulta y Participación se aplicará de manera previa, obligatoria, oportuna y de buena fe, cada vez que se pretenda desarrollar todas las actividades hidrocarburíferas detalladas en el artículo 31 de la Ley 3058 (de Hidrocarburos) en tierras comunitarias de origen, propiedades comunarias y tierras de ocupación y acceso tradicional de los PIO (Pueblos Indígenas y Originarios) y CC (Comunidades Campesinas), respetando su territorialidad, usos y costumbres en todo el territorio nacional”.
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que “en caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos de su subsuelo o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”.
El 17 de noviembre de 2012, La Razón informó que el vicepresidente Álvaro García dijo que las petroleras que operan en Bolivia no alcanzarán a ejecutar los $us 2.000 millones presupuestados para 2012 por obstáculos en la obtención de licencias ambientales y otros factores. “Hubo bastante retraso, no es muy fluido el tema de las consultas y los acuerdos con los indígenas en el Chaco, entonces eso ha dificultado”, declaró García en esa ocasión tras inaugurar los trabajos de perforación del pozo Ingre X-2 en el municipio de Huacareta, en el Chaco chuquisaqueño.
Según la información proporcionada al Vicepresidente por el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, las petroleras en 2012 debieron haber ejecutado $us 2.000 millones, pero sólo alcanzarían al cierre de dicha gestión a al menos $us 1.500 millones.
Otros factores que afectaron las inversiones de las petroleras en 2012, según indicó García en esa fecha, fueron los bloqueos que paralizaron algunas obras y en otros casos las maquinarias para los proyectos no llegaron.
Demandas indígenas a proyectos
Riesgo
El 22 de enero de 2012, este diario informó que las demandas compensatorias de pueblos indígenas del oriente, especialmente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), pusieron en duda la ejecución de 13 proyectos hidrocarburíferos.
Dos plantas fueron bloqueadas por demandas
Hasta abril de este año, al menos dos proyectos de YPFB como las plantas separadoras de líquidos Río Grande y Gran Chaco tuvieron problemas en su avance por bloqueos de indígenas que demandaban compensación social por la realización de los mismos o tenían otros pedidos.
El 19 de marzo de este año, los indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Takovo Mora bloquearon el ingreso a la Planta Separadora de Líquidos Río Grande de Santa Cruz, exigiendo el pago de Bs 1 millón adicionales como compensación por el daño ambiental en la zona donde se encuentra la infraestructura.
De igual modo, el 1 de abril, los indígenas de la comunidad Yaku Igua que colinda con la Planta Separadora de Líquidos Gran Chaco (Yacuiba) iniciaron un bloqueo al área donde se construye el complejo gasífero. Su demanda consistía en un pago adicional a los Bs 6 millones que YPFB ofreció por los 30 años de vida útil de ésta. Sin embargo, los indígenas exigían Bs 5 millones cada año. La medida de presión fue levantada el 5 de abril tras un acuerdo logrado con las autoridades del ministerio del área.
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