La norma, en concordancia con la Constitución Política del Estado, instituye la migración del régimen de las concesiones al de los contratos, a fin de que el Estado pueda tener mayor control sobre la cadena productiva minera.
La futura norma reconoce a los tres actores productivos: estatal, privado y cooperativas, los mismos que serán respetados en todos sus emprendimientos.
El proyecto de ley consta de 241 artículos, siete Títulos y 31 Capítulos, que contienen normas sustantivas y adjetivas de procedimiento, además de una disposición transitoria, tres disposiciones finales, abrogatorias y derogatorias.
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