RED DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA:
Aunque la
Constitución Política del Estado, dice que los recursos minerales son del
pueblo boliviano, lo cierto es que la decisión sobre su gestión desde una
legislación como la Ley Minera, es privilegio de unos pocos, justo los que se
benefician directamente como los empresarios y los cooperativistas. El lunes 17
de marzo, se realizó un acto de entrega al presidente Evo Morales del proyecto
“consensuado” entre actores mineros de la nueva Ley Minera, como se dice en
términos populares “entre gatos se pusieron de acuerdo para comer la carne”. Este
acto marca una actitud profundamente antidemocrática, pues se excluyó la
participación de otros sectores sociales, de la sociedad civil en su conjunto y
a la fecha el proyecto consensuado es un secreto que solo es de conocimiento de
los operadores mineros.
Una versión
anterior del proyecto de Ley consensuada, que seguramente no vario mucho con la
que fue entregado al gobierno, establecía durísimas disposiciones de
criminalización y penalización contra la protesta social, a título de seguridad
jurídica; a título de promover las inversiones y la economía plural se
restringía a las operaciones del Estado solo a las empresas en actual
funcionamiento, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no tenga facilidades
para una mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en materia ambiental el
proyecto de Ley establecía la flexibilización del control ambiental otorgando
esas facultades al propio Ministerio de Minería y finalmente respecto a los
derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una consulta pública tutelada por
el estado y los operadores para que se acepten solo las compensaciones
“técnicamente” adecuadas.
Es seguro
que esos temas se han mantenido o peor quizá, se han agravado en favor de los
operadores y en desmedro de los intereses nacionales.
A todo lo
anterior preocupa enormemente la declaración del presidente cuando recibió este
proyecto de Ley manifestando “No debe de cambiarse nada, tiene que aprobarse
tal como se está enviando a la Asamblea”, es decir que la Asamblea
Legislativa que se supone un ente deliberativo y fiscalizador que representa a
los bolivianos ahora debe operar como mero instrumento de la voluntad y los
intereses de los actores empresariales y cooperativistas.
Sin duda la
futura Ley de Minería, al igual que su predecesora a la cual la perfecciona,
marca la profundización del extractivismo minero y la conculcación de derechos
civiles y ambientales en favor de los intereses económicos empresariales.
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