ERBOL: Originarias de la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra cuestionan que el proyecto de Ley de Minería no se haya
consensuado con la población y el sector
indígena originario campesino, además denuncian que no reconoce la
consulta previa libre e informada como establece la Constitución Política del
Estado (CPE) se debe hacer.
“Una versión anterior del proyecto de Ley establecía
durísimas disposiciones de criminalización y penalización contra la protesta
social, a título de seguridad jurídica, a título de promover las inversiones y
la economía plural se restringía a las operaciones del Estado sólo a las
empresas en actual funcionamiento
, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no
tenga facilidades para un mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en
materia ambiental el proyecto de Ley establecía la flexibilización del control
ambiental otorgando esas facultades al propio Ministerio de Minería y
finalmente respecto a los derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una
consulta pública tutelada por el estado y los operadores para que se acepten
sólo las compensaciones ‘técnicamente’ adecuadas”, se lee en un pronunciamiento
público.
Critican que el presidente Evo Morales pida a la Asamblea
Legislativa Plurinacional (ALP) que el borrador de la futura norma sea aprobado
sin modificaciones.
“Es decir que la Asamblea Legislativa que se supone un ente
deliberativo y fiscalizador que representa a los bolivianos ahora debe operar
como mero instrumento de la voluntad y los intereses de los actores empresariales
y cooperativistas”.
arias
de la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra cuestionan que el
proyecto de Ley de Minería no se haya consensuado con la población y el
sector indígena originario campesino, además denuncian que no reconoce
la consulta previa libre e informada como establece la Constitución
Política del Estado (CPE) se debe hacer.
“Una versión anterior del proyecto de Ley establecía durísimas disposiciones de criminalización y penalización contra la protesta social, a título de seguridad jurídica, a título de promover las inversiones y la economía plural se restringía a las operaciones del Estado sólo a las empresas en actual funcionamiento, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no tenga facilidades para un mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en materia ambiental el proyecto de Ley establecía la flexibilización del control ambiental otorgando esas facultades al propio Ministerio de Minería y finalmente respecto a los derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una consulta pública tutelada por el estado y los operadores para que se acepten sólo las compensaciones ‘técnicamente’ adecuadas”, se lee en un pronunciamiento público.
Critican que el presidente Evo Morales pida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que el borrador de la futura norma sea aprobado sin modificaciones.
“Es decir que la Asamblea Legislativa que se supone un ente deliberativo y fiscalizador que representa a los bolivianos ahora debe operar como mero instrumento de la voluntad y los intereses de los actores empresariales y cooperativistas”,
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“Una versión anterior del proyecto de Ley establecía durísimas disposiciones de criminalización y penalización contra la protesta social, a título de seguridad jurídica, a título de promover las inversiones y la economía plural se restringía a las operaciones del Estado sólo a las empresas en actual funcionamiento, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no tenga facilidades para un mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en materia ambiental el proyecto de Ley establecía la flexibilización del control ambiental otorgando esas facultades al propio Ministerio de Minería y finalmente respecto a los derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una consulta pública tutelada por el estado y los operadores para que se acepten sólo las compensaciones ‘técnicamente’ adecuadas”, se lee en un pronunciamiento público.
Critican que el presidente Evo Morales pida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que el borrador de la futura norma sea aprobado sin modificaciones.
“Es decir que la Asamblea Legislativa que se supone un ente deliberativo y fiscalizador que representa a los bolivianos ahora debe operar como mero instrumento de la voluntad y los intereses de los actores empresariales y cooperativistas”,
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Originarias
de la Red de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra cuestionan que el
proyecto de Ley de Minería no se haya consensuado con la población y el
sector indígena originario campesino, además denuncian que no reconoce
la consulta previa libre e informada como establece la Constitución
Política del Estado (CPE) se debe hacer.
“Una versión anterior del proyecto de Ley establecía durísimas disposiciones de criminalización y penalización contra la protesta social, a título de seguridad jurídica, a título de promover las inversiones y la economía plural se restringía a las operaciones del Estado sólo a las empresas en actual funcionamiento, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no tenga facilidades para un mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en materia ambiental el proyecto de Ley establecía la flexibilización del control ambiental otorgando esas facultades al propio Ministerio de Minería y finalmente respecto a los derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una consulta pública tutelada por el estado y los operadores para que se acepten sólo las compensaciones ‘técnicamente’ adecuadas”, se lee en un pronunciamiento público.
Critican que el presidente Evo Morales pida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que el borrador de la futura norma sea aprobado sin modificaciones.
“Es decir que la Asamblea Legislativa que se supone un ente deliberativo y fiscalizador que representa a los bolivianos ahora debe operar como mero instrumento de la voluntad y los intereses de los actores empresariales y cooperativistas”, añade el documento.
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“Una versión anterior del proyecto de Ley establecía durísimas disposiciones de criminalización y penalización contra la protesta social, a título de seguridad jurídica, a título de promover las inversiones y la economía plural se restringía a las operaciones del Estado sólo a las empresas en actual funcionamiento, condenando ahora por Ley a que COMIBOL no tenga facilidades para un mayor desarrollo y expansión en otras áreas; en materia ambiental el proyecto de Ley establecía la flexibilización del control ambiental otorgando esas facultades al propio Ministerio de Minería y finalmente respecto a los derechos indígenas, la consulta se rebajaba a una consulta pública tutelada por el estado y los operadores para que se acepten sólo las compensaciones ‘técnicamente’ adecuadas”, se lee en un pronunciamiento público.
Critican que el presidente Evo Morales pida a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que el borrador de la futura norma sea aprobado sin modificaciones.
“Es decir que la Asamblea Legislativa que se supone un ente deliberativo y fiscalizador que representa a los bolivianos ahora debe operar como mero instrumento de la voluntad y los intereses de los actores empresariales y cooperativistas”, añade el documento.
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