lunes, 14 de julio de 2014

LAS MUJERES CONDENAMOS LOS DAÑOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA Y RECHAZAMOS LA IMPUNIDAD DE LOS CONTAMINADORES

Pronunciamiento de la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra: Las mujeres de las comunidades indígena originarias, articuladas en la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, hacemos conocer nuestro rechazo a la actitud tolerante de las autoridades frente a la contaminación minera, siendo que a la fecha han ocurrido varios casos que no han merecido una sanción y al contrario se está permitiendo la impunidad de quienes por su irresponsabilidad dañan a nuestra Madre Tierra.
En los últimos días se ha producido la rotura del dique de colas de alta contaminación de la Empresa Minera Santiago Apóstol en la localidad potosina de Canutillos, en el municipio de Tacobamba, conforme a informes de autoridades ambientales se estaría afectando a 26 comunidades de 9 municipios de Chuquisaca con niveles superiores a los límites permisibles en compuestos como sodio, manganeso, hierro, cromo entre otros y que ponen en riesgo la salud de las poblaciones, el ingreso de las aguas a la cuenca del Pilcomayo agrava su nivel de contaminación y pone en peligro a centenares de habitantes de Potosí y Tarija. Y de forma consciente las autoridades reconocen que no hay controles de los diques de colas.
Cabe recordar que desde la pasada semana comunarios de Vitichi, Caiza D, Chaquí y Puna pertenecientes a 4 municipios de Potosi realizaron acciones de incidencia para la defensa del agua con un bloqueo de caminos exigiendo “cero” contaminación minera y la reacción de las autoridades fue arrestar a sus dirigentes y reprimir policialmente a quienes se defienden contra la contaminación.
Otro caso, que no ha recibido atención es la  fuga de sulfatos por la rotura de una tubería que lleva sustancias químicas al dique de colas de la planta de cobre de la empresa minera Corocoro, causando la contaminación del río Huaychuni con sulfatos, siendo que la única acción de las autoridades ante esa denuncia fue el compromiso de monitoreo y declaraciones minimizando los posibles daños en las poblaciones afectadas.Podemos citar tambiénlas descargas directas de los desechos de la empresa minera Huanuni al río Huanuni que en su recorrido ingresa al lago Poopó sin ningún tratamiento,  o los muchos incidentes de empresas transnacionales que no son reportados.
Pero lo que más indigna es, que quienes están pagando los costos de la contaminación minera son nuestras comunidades, nuestras familias,porque hasta ahora no vemos que se sancione  a los contaminadores, ni siquiera que se ordene la paralización de las actividades contaminantes. Somos la mujeres, quienes una vez más debemos cargar con el costo y los impactos de la contaminación minera;  ya que a diario tenemos que ir en busca de agua limpia, vivir el estrés por la contaminación del agua, su escasez, los riesgos en el consumo de alimentos con presencia de contaminantes en nuestras familias, los impactos de bajos rendimientos en la producción agropecuaria, los problemas en la salud de la familia, el despojo de nuestras tierras vulnerando nuestros derechos como mujeres. Todo eso constituye en una forma de violencia medioambiental contra la mujer, que goza de impunidad y tolerancia desde el Estado y los operadores mineros.
Por estas razonesnos sumamos a las demandas de cero contaminación minera y pedimos a las autoridades que se pongan del lado de las poblaciones afectadas y no a justificar a las empresas mineras.
Basta de  minimizar los accidentes ambientales mineros y los costos ambientales.
Rechazamos la represión policial y la criminalización de quienes defendemos la madre tierra y le hacemos frente a la contaminación.
Exigimos sanciones inmediatas a las empresas contaminantes, basta de tanta irresponsabilidad, es hora de hacer cumplir las leyes, la ConstituciónPolítica del Estado, ley de Medio Ambiente, y los Derechos de la madre Tierra.
                                                                                                                             Bolivia, 14 de julio de 2014

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